¿Revocar el permiso a Petro o revocar las garantías?
Hay decisiones que pueden parecer simples trámites administrativos, pero que terminan revelando una discusión mucho más profunda sobre la democracia, los derechos políticos y la forma en que un país trata a quienes han ejercido el poder cuando dejan el cargo.
Eso es lo que está ocurriendo alrededor de la solicitud presentada por el expresidente Gustavo Petro Urrego para obtener la autorización del Senado que le permita salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato.
Petro no pidió un privilegio secreto.
No intentó salir del país ignorando las instituciones.
Hizo lo que establece la Constitución y presentó formalmente su solicitud ante el Senado para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico. La petición se fundamentó, entre otras normas, en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución y en el reglamento del Congreso.
Sin embargo, ahora aparece una controversia que merece una discusión mucho más seria: la posibilidad de revocar o impedir ese permiso.
Y la pregunta inevitable es:
¿Estamos frente a un debate jurídico legítimo o ante un nuevo intento de convertir a Gustavo Petro en un expresidente sometido permanentemente a una batalla política?
Petro cumplió con el procedimiento
Hay un hecho que debería estar por encima de las simpatías y las diferencias ideológicas: Gustavo Petro presentó una solicitud formal al Senado.
La propia comunicación conocida públicamente señala que el permiso se solicita para cumplir compromisos fuera del país durante el año siguiente al ejercicio de la Presidencia.
Es decir, estamos hablando de un procedimiento previsto para quienes han ejercido la Presidencia de la República.
Por eso resulta necesario preguntarse qué fundamento tendría una eventual revocatoria si el expresidente está cumpliendo precisamente con el trámite institucional exigido.
Nadie está diciendo que el Senado deba convertirse en una oficina que apruebe automáticamente cualquier solicitud.
El Congreso tiene autonomía.
Puede debatir.
Puede analizar.
Puede tomar decisiones dentro de sus competencias.
Pero esa autonomía también implica responsabilidad.
Porque una decisión que afecte a un expresidente no puede convertirse en un instrumento de retaliación política.
La democracia no puede funcionar según quién ocupa el poder
Aquí hay un principio que Colombia debería defender sin importar de qué partido sea el expresidente.
Si una regla existe, debe aplicarse con criterios claros.
No puede ser flexible para unos y restrictiva para otros.
No puede depender de quién ganó las elecciones.
No puede cambiar según las simpatías políticas del momento.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, desde diferentes sectores se habló constantemente de la necesidad de respetar la institucionalidad, la separación de poderes y las reglas democráticas.
Ahora que Petro ya no está en la Presidencia, esas mismas garantías no pueden comenzar a desaparecer.
Porque la democracia no consiste solamente en permitir que una persona llegue al poder.
También consiste en garantizar que, cuando sale del poder, continúe teniendo derechos y garantías.
La oposición de ayer no puede descubrir hoy que las instituciones son importantes únicamente cuando sirven para limitar a sus adversarios.
El debate sobre Petro no puede convertirse en una persecución permanente
Es legítimo criticar a Gustavo Petro.
Es legítimo cuestionar su Gobierno.
Es legítimo discrepar de sus decisiones.
Eso hace parte de la democracia.
Pero hay una diferencia entre ejercer oposición y convertir a una persona en el objetivo permanente de una ofensiva política.
Petro dejó la Presidencia, pero sigue siendo una figura política nacional e internacional.
Tiene derecho a participar en debates, actividades académicas, encuentros sociales y espacios políticos dentro de las reglas que le correspondan.
Por eso resulta preocupante que cualquier movimiento suyo pueda convertirse inmediatamente en un motivo para intentar imponer nuevas restricciones.
Hoy es un permiso de salida.
Mañana podría ser otra cosa.
Y después otra.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla:
¿Dónde termina el control institucional y dónde comienza la persecución política?
Esa frontera debe ser defendida.
No solamente por quienes apoyamos a Petro.
También por quienes entienden que las garantías democráticas no pueden depender del apellido del ciudadano.
El Senado debe actuar con responsabilidad
El Senado representa una de las instituciones fundamentales de la democracia colombiana.
Precisamente por eso sus decisiones deben estar por encima de la coyuntura.
No deberían responder al ruido de las redes sociales.
No deberían convertirse en una competencia por quién lanza la declaración más agresiva contra un adversario político.
Y mucho menos deberían utilizarse mecanismos institucionales para enviar mensajes de venganza.
El mismo Congreso ha defendido en múltiples ocasiones la importancia de la separación de poderes y del respeto por la institucionalidad. Incluso, en debates recientes, desde la Presidencia del Senado se ha insistido en que las reglas y la voluntad popular no pueden modificarse según la conveniencia de quienes ganan o pierden una elección.
Ese principio debe aplicarse también cuando el protagonista se llama Gustavo Petro.
La institucionalidad no puede ser selectiva.
Petro no dejó de ser ciudadano por haber sido presidente
A veces parece olvidarse algo elemental.
Antes de ser expresidente, Gustavo Petro es ciudadano colombiano.
Y ser expresidente no puede significar quedar condenado a una especie de encierro político permanente.
Por supuesto, existen reglas especiales para quienes han ejercido la Presidencia.
Y Petro las está cumpliendo al acudir al Senado para solicitar la autorización correspondiente.
Pero una cosa es cumplir un requisito constitucional.
Otra muy distinta es utilizar ese requisito como una herramienta para limitar arbitrariamente la actividad política, académica o personal de un exmandatario.
Por eso cualquier decisión sobre su solicitud debe tener fundamentos claros, públicos y jurídicamente defendibles.
No simples sospechas.
No animadversión política.
No el deseo de sacar del escenario a una figura que, incluso fuera de la Presidencia, continúa teniendo influencia sobre millones de colombianos y sobre el debate político nacional.
La oposición también debe estar alerta
Desde Colombia Humana, el Pacto Histórico y los sectores que respaldamos el legado político de Gustavo Petro, este debate no puede mirarse con indiferencia.
No se trata de pedir privilegios.
Se trata de exigir garantías.
Las mismas garantías que cualquier demócrata debería defender.
Por eso debemos estar atentos.
A las decisiones del Senado.
A los argumentos jurídicos.
A cualquier intento de transformar un procedimiento constitucional en un mecanismo de castigo político.
Y también debemos exigir que el debate sea transparente.
Si existen razones legales para tomar una decisión, que se expliquen.
Que se hagan públicas.
Que sean debatidas.
Pero si lo que existe es simplemente una intención política de restringir a Gustavo Petro porque representa una fuerza de oposición, entonces Colombia debe decirlo con claridad.
La democracia no puede convertirse en una cárcel para quien piensa diferente.
No se trata solamente de Petro
Este debate tiene un significado que va mucho más allá de una sola persona.
Hoy se discute el permiso de Gustavo Petro.
Mañana podría discutirse el derecho de otro expresidente.
Por eso las reglas que se apliquen ahora pueden convertirse en precedentes para el futuro.
Y los precedentes importan.
Una democracia fuerte no es aquella que encuentra nuevas formas de limitar a sus opositores.
Es aquella que puede garantizar derechos incluso a quienes incomodan al poder.
Por eso, el debate no debería ser:
¿Cómo hacemos para impedir que Petro salga del país?
La pregunta debería ser:
¿Cuál es la decisión que respeta la Constitución, el debido proceso, las competencias del Senado y las garantías democráticas?
Esa es la discusión que Colombia merece.
Gustavo Petro ya no ocupa la Casa de Nariño.
Pero eso no significa que haya dejado de tener voz.
No significa que haya dejado de participar en la vida política.
Y tampoco significa que quienes lo apoyamos vayamos a quedarnos callados ante cualquier decisión que pueda afectar injustificadamente sus garantías.
La oposición tiene que vigilar.
Tiene que preguntar.
Tiene que exigir explicaciones.
Y tiene que defender la democracia incluso cuando quienes hoy tienen el poder parecen olvidar que las garantías institucionales no fueron creadas para favorecer únicamente a los gobiernos.
Fueron creadas, precisamente, para proteger a todos.
Incluidos los opositores.
Incluido Gustavo Petro.
Porque hoy la pregunta no es solamente si se mantiene o se revoca un permiso.
La verdadera pregunta es otra:
¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar el poder para limitar a quien, aun después de dejar la Presidencia, continúa representando una voz incómoda para el establecimiento?
Y frente a esa pregunta, desde la oposición debemos estar atentos.
Muy atentos.
Porque defender las garantías de Petro también es defender las garantías democráticas que mañana pueden necesitar millones de colombianos.

Cuando deja de temblar, ¿quién responde?
Un terremoto no termina cuando cesa el movimiento de la tierra. Para miles de familias, ese es apenas el comienzo: viene la incertidumbre por la vivienda, el trabajo, la educación de los hijos, la recuperación de los servicios y la reconstrucción de una vida que puede quedar suspendida durante meses o incluso años.
La discusión que se abrió en el Senado después del terremoto apunta precisamente a esa segunda etapa de la tragedia: la que empieza cuando las cámaras se van, pero las comunidades siguen esperando respuestas.
Porque una emergencia de esta magnitud no puede medirse únicamente por el número de víctimas que aparece en los primeros reportes. También debe medirse por lo que ocurre después: las viviendas que tendrán que ser reconstruidas, los negocios que deberán volver a levantarse, las escuelas afectadas, las comunicaciones que necesitan recuperarse y las familias que no pueden quedar abandonadas una vez pase la conmoción nacional.
El propio Gobierno ha reconocido una afectación de enorme magnitud. En uno de sus reportes más recientes habló de más de 120.000 familias afectadas y más de 186.000 personas damnificadas, además de cientos de fallecidos, heridos y desaparecidos. Son cifras que, por sí solas, deberían obligar al Estado a mantener una respuesta permanente y verificable.
Y precisamente por eso el debate en el Senado no puede quedarse en una sesión, unas declaraciones o una lista de buenas intenciones.
La emergencia cambia de fase, pero no desaparece
Durante los primeros días, la prioridad es salvar vidas, encontrar desaparecidos, atender heridos y garantizar refugio y ayuda humanitaria.
Pero después llega otra etapa.
La reconstrucción.
Y esa etapa puede ser incluso más larga y compleja.
El Gobierno ha anunciado una Emergencia Económica y la creación de mecanismos para canalizar recursos hacia la reconstrucción de viviendas, hospitales, centros educativos, vías y otras infraestructuras afectadas. También anunció un plan de articulación con constructoras, entidades territoriales y el sector financiero para avanzar en la recuperación de las comunidades golpeadas por el sismo.
Los anuncios están hechos.
Ahora vienen las preguntas.
¿Dónde están los cronogramas claros?
¿Cómo se va a garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan?
¿Quién va a vigilar los recursos destinados a la reconstrucción?
¿Qué ocurrirá con las familias mientras esperan una solución definitiva?
Y quizás la pregunta más importante:
¿Cómo evitar que una tragedia nacional termine convertida en una larga lista de promesas incumplidas?
Desde la oposición no se trata de oponerse a que el Gobierno atienda la emergencia. Todo lo contrario. La atención debe llegar y debe llegar con rapidez.
Pero apoyar a las víctimas no significa guardar silencio frente al poder.
La solidaridad no exige renunciar al control político.
El Congreso tiene que hacer mucho más que expresar preocupación
La noticia publicada por el Senado recoge inquietudes sobre la reconstrucción, las afectaciones a la infraestructura, las comunicaciones, los centros educativos, el empleo, el turismo y el patrimonio de las regiones golpeadas.
Son preocupaciones legítimas.
Pero ahora deben convertirse en seguimiento.
En control político.
En preguntas concretas.
En informes públicos.
En resultados que puedan ser revisados por la ciudadanía.
Porque Colombia ya sabe que las grandes tragedias también pueden convertirse en escenarios de enormes decisiones presupuestales. Y donde hay grandes recursos públicos, también debe existir una vigilancia aún mayor.
La reconstrucción no puede manejarse a puerta cerrada.
No puede depender únicamente de anuncios presidenciales.
No puede convertirse en una vitrina política.
Cada peso destinado a una vivienda, una escuela, un hospital o una vía debe poder ser seguido por la ciudadanía y controlado por las instituciones.
El Congreso, incluyendo las voces de oposición, tiene una responsabilidad que no puede delegar: vigilar al Gobierno durante toda la emergencia, no solamente durante los primeros días.
Las cifras también tienen que ser claras
Hay otro elemento que debería preocupar al país: la información oficial debe ser consistente.
Los reportes sobre víctimas, desaparecidos y personas afectadas han cambiado a medida que avanzan las labores de evaluación. Eso puede ocurrir en una emergencia de semejante magnitud, cuando la información se consolida progresivamente.
Pero precisamente por esa razón, el Gobierno tiene la obligación de explicar con transparencia de dónde salen las cifras, cómo se actualizan y cuáles son los datos que finalmente orientarán la distribución de los recursos.
No se puede reconstruir un país a partir de información confusa.
No se puede planificar la ayuda si las comunidades no saben con claridad cuál es el diagnóstico real.
Y no se puede pedir confianza mientras persisten dudas sobre la dimensión exacta de la tragedia. Reportes recientes han señalado diferencias entre cifras divulgadas por el presidente y las registradas por entidades oficiales, una situación que merece explicaciones públicas y rigurosas, especialmente porque los datos son fundamentales para orientar la atención y la reconstrucción.
Aquí no se trata de hacer política con el dolor de las víctimas.
Se trata de impedir que la falta de claridad termine afectándolas aún más.
Reconstruir no es simplemente volver a levantar paredes
La historia del Eje Cafetero debería servir también como una lección.
Después del terremoto de 1999, la reconstrucción no consistió solamente en reparar lo que se había caído. Se reconstruyeron viviendas, escuelas y centros de salud, y en varios lugares la recuperación permitió transformar infraestructura y reubicar familias que vivían en zonas de alto riesgo.
La lección es clara:
reconstruir no debería significar volver a dejar a las comunidades exactamente en las mismas condiciones de vulnerabilidad que existían antes del desastre.
Si una vivienda estaba en riesgo, no basta con levantarla de nuevo sin revisar las condiciones.
Si una escuela colapsó, la respuesta no puede ser simplemente pintar una fachada.
Si las comunicaciones fallaron, hay que preguntarse por qué la infraestructura era vulnerable.
Si los hospitales quedaron afectados, el país debe discutir qué tan preparada estaba su infraestructura crítica.
Una investigación reciente sobre el terremoto ha puesto precisamente sobre la mesa los límites de la capacidad de respuesta y la importancia de pasar de la reacción posterior al desastre a la prevención y al reforzamiento de las infraestructuras vulnerables.
Esa discusión no puede desaparecer cuando termine la emergencia.
La solidaridad ciudadana no puede reemplazar al Estado
Uno de los aspectos más poderosos de esta tragedia ha sido la respuesta de las comunidades.
Vecinos ayudando a vecinos.
Personas organizando albergues.
Ciudadanos llevando alimentos.
Voluntarios participando en labores de rescate.
Esa solidaridad demuestra lo mejor del país.
Pero también plantea una advertencia.
La solidaridad popular no puede convertirse en la excusa para que el Estado llegue tarde.
Los ciudadanos pueden ayudar.
Y lo han hecho.
Las comunidades pueden organizarse.
Y lo han demostrado.
Pero la responsabilidad de garantizar derechos, coordinar la emergencia y reconstruir las zonas afectadas sigue siendo del Estado.
Por eso no podemos permitir que, dentro de unos meses, cuando las donaciones disminuyan y la atención mediática se desplace hacia otro tema, las familias damnificadas queden solas con los escombros y las promesas.
La oposición tiene que permanecer
Desde Colombia Humana y el Pacto Histórico debemos entender que nuestro papel como oposición no consiste en celebrar cada dificultad del Gobierno.
Ser oposición no significa alegrarse por una tragedia.
Significa algo mucho más importante: estar donde se necesita vigilancia, hacer las preguntas incómodas y acompañar a las comunidades cuando el poder comienza a mirar hacia otro lado.
Hay que exigir que los recursos lleguen.
Hay que vigilar la reconstrucción.
Hay que preguntar por las familias.
Hay que hacer seguimiento a las escuelas, hospitales, vías y sistemas de comunicación.
Hay que escuchar a los pequeños comerciantes, a los trabajadores y a las comunidades cuyo futuro económico quedó comprometido por el terremoto.
Y los senadores que han manifestado preocupación ahora tienen que llevar esa preocupación más allá de los micrófonos.
La ciudadanía también tiene un papel.
No podemos olvidar.
No podemos dejar de preguntar.
No podemos permitir que la reconstrucción se convierta en un asunto exclusivo de funcionarios y contratistas.
Las comunidades afectadas tienen derecho a saber qué recursos se asignan, dónde se invierten y cuándo llegarán las soluciones.
Cuando las cámaras se apaguen, ahí comienza el verdadero examen
El Gobierno ha anunciado planes.
Ha decretado medidas.
Ha prometido reconstrucción.
Todo eso será juzgado con el tiempo.
Pero las víctimas no pueden esperar indefinidamente.
Por eso el país necesita algo más que discursos.
Necesita resultados.
Transparencia.
Información clara.
Control político.
Y una ciudadanía pendiente.
El terremoto ya dejó una herida profunda.
Ahora comienza otra batalla: impedir que esa herida sea seguida por el abandono, la burocracia, la falta de coordinación o la pérdida de los recursos destinados a reconstruir.
A los senadores les corresponde vigilar.
Al Gobierno le corresponde cumplir.
Y a nosotros, como ciudadanía y como oposición, nos corresponde no desaparecer.
Porque cuando deja de temblar la tierra, comienza a temblar la confianza en las instituciones.
Y esa confianza no se recupera con anuncios.
Se recupera cumpliendo.

El debate sobre vivienda no puede quedarse en la anécdota de un “paseo a la playa”. Mientras miles de familias enfrentan emergencias y siguen esperando soluciones, el ministro de Vivienda tiene que responder ante el Senado y, sobre todo, ante el país.
La vivienda digna no admite distracciones. Si este Gobierno prometió resultados, que los demuestre con hechos.
A quienes hacemos oposición desde el Pacto Histórico y Colombia Humana nos corresponde estar atentos, hacer seguimiento y exigir respuestas. La oposición no puede mirar hacia otro lado cuando están en juego los derechos de la gente.

Publicamos en Colombia Humana para nuestros Dirigentes y la Participacion Ciudadana actualice el Sistema de Gestión.
El Informe de Gestión es el documento técnico y
protocolario obligatorio (Ley 951 de 2005) mediante el cual un funcionario o mandatario saliente
documenta ante su sucesor el estado de los recursos, proyectos y la administración. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) emiten guías para el empalme.
1. Marco Normativo y
Directrices de Empalme
• Directiva Conjunta 001 de
2026: Emitida por la Contraloría General de la
República y la Procuraduría General de la Nación, obliga a los funcionarios del orden nacional a presentar un informe detallado sobre el manejo de los recursos públicos.
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Si, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
aplica obligatoriamente a la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC). Como órgano del Estado, la entidad da cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022 formulando sus propias estrategias anuales.

El plan de la RNEC se organiza en varios componentes orientados a
garantizar la transparencia:

Adicionalmente, si requieres denunciar irregularidades electorales o solicitar información, puedes apoyarte en los canales de atención y control:
• Consulta el Directorio de Sedes de la RNEC en tu departamento.
• Las denuncias de delitos electorales se gestionan a través de la línea nacional de la
Unidad de Recepción para la
Transparencia Electoral (URIEL)
al 01 8000 52 20 20 o mediante la Línea Anticorrupción

Primera vez que escribo y participo por este medio desde que soy militante de Colombia Humana, escribo con una mezcla de tristeza, miedo e impotencia la cual no sé como desahogar.

Veo los resultados del preconteo y siento incertidumbre sobre el país que estamos construyendo. Como joven que apenas comienza su vida laboral, me preocupa el futuro de nuestros derechos, de la educación, de las oportunidades para cada uno de los colombianos que soñamos con crecer a través del estudio y el esfuerzo.

Me duele pensar que puedan tomarse decisiones que afecten a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos indígenas y a tantos sectores que históricamente han tenido que luchar para ser escuchados. Me preocupa que la solidaridad sea reemplazada por el individualismo y que algunos olviden que una sociedad avanza cuando nadie queda atrás.

Al mismo tiempo, me pregunto qué puedo hacer. Soy una sola persona. No tengo poder económico, no tengo un cargo público, no aparezco en los medios. Pero también sé que los cambios políticos siempre han comenzado con personas comunes que decidieron no guardar silencio.

Por eso quiero seguir aprendiendo, estudiando aunque se pueda sentir imposible y participando. Quiero formarme mejor, escuchar más, debatir con respeto y aportar mi voz a la construcción de un país más justo. Tal vez hoy me sienta pequeño, pero renunciar a mis convicciones sería mucho peor.

No pierdo la esperanza de que quienes creemos en la justicia social, en los derechos de los trabajadores y en la dignidad de todos los pueblos sigamos organizándonos, dialogando y trabajando por el país que soñamos.
También siento el deseo de hacer más. De que mi voz llegue más lejos. De participar activamente en la construcción de las ideas en las que creo. Si algún día se me presentara la oportunidad de aportar desde un espacio de organización, debate o liderazgo, la asumiría con compromiso. Sin embargo, muchas veces no sé por dónde empezar. Me siento pequeño frente a estructuras enormes, frente a personas con influencia y recursos que parecen tener toda la atención. Aun así, me niego a creer que la voz de una persona común no tenga valor. Quiero aprender cómo contribuir mejor, cómo organizarme y cómo transformar esta preocupación en acciones que puedan ayudar a construir el país que sueño.
La historia no la escriben únicamente los gobernantes. También la escriben quienes se niegan a rendirse.

https://corrupcionaldia.com/cuanto-gastan-los-candidatos-presidenciales-en-campana-de-la-espriella-256-millones-por-dia-paloma-valencia-77-millones-por-dia/

Alias Boliche y Abelardo de la Espriella: la foto no es el escándalo, el escándalo es el sistema
https://corrupcionaldia.com/espriella-boliche-fotos/

PRESENTE. Estoy afiliado a Colombia Humana 2023.He publicado varios temas de extricto cumplimiento para todos lo dirigentes y a la Participacion Ciudadana con el fin de estar al dia en el Sistema de Grstion.Los municipios interesados en Asistencia Tecnica Virtual gratis [email protected]